Abstract

El proceso constitucional tiene por objeto garantizar derechos fundamentales vulnerados, es así que este orden de ideas cabe destacar que la protección de la acción de tutela contra sentencias judiciales es un problema que surgió desde el origen de la acción de tutela en el ordenamiento jurídico con la Constitución de 1991, por falta de claridad y precisión del constituyente para definir esta materia e instrumentalización especifica. Ahora bien, en aras de hacer explicaciones con referente a este problema están en pugna de un lado el principio de la seguridad jurídica que incluye los derechos de cosa juzgada, debido proceso, non bis in idem, doble instancia (En los casos que exista esta posibilidad), contra derechos fundamentales, de lo cual se discierne cuáles deben primar. En ese sentido, las vías de hecho revelan un defecto que trasciende el mero ejercicio irregular de un funcionario Estatal, y la acción de tutela debe limitarse únicamente a las evidentes arbitrariedades de un determinado judicial que adopta una o varias decisiones dentro del proceso no con base a la ley, la justicia o el derecho, sino arbitrariamente de acuerdo con su capricho u omitiendo deliberadamente las formas del proceso. Es por eso que este estudio hermenéutico analítico que se refiere a la institución de la acción de tutela contra sentencia, estudiará los aspectos específicos de la institución de la Acción de tutela contra sentencias judiciales. En el cual se avocará el conocimiento del choque de interpretaciones y argumentos en Colombia, la importancia de la tutela contra sentencias, competencia de la corte constitucional para conocer tutela frente a sentencias judiciales, vías de hecho en las sentencias judiciales y el ámbito excluido, la posición de la corte constitucional y requisitos de procedibilidad, los derechos fundamentales en pugna, la perspectiva de los constitucionalistas, la posición de la corte suprema de justicia y la del consejo de estado, y el proyecto de ley estatutaria que regulen la acción de tutela hacia los mandatos judiciales.