Abstract

El artículo analiza la problemática en torno a las propuestas hechas por el distrito de la ciudad de Barranquilla y la empresa EDUBAR con el fin de lograr la demolición de un edificio patrimonial, en un proceso de Renovación Urbana en el Centro Histórico de la urbe. Se pretende demostrar que, al ser proclamado Monumento Nacional de la Arquitectura Moderna en Colombia, el Edificio de la Caja de Crédito Agrario, pasó a tener protección del Estado; así que, pese al aparente abandono que mostraba el inmueble, esa declaratoria primó sobre quienes tenían intención de demolerlo, permitiendo su supervivencia sobre todos los debates que de alguna manera lo afectaban.