Abstract

La moralidad administrativa como derecho colectivo representa la renovación del modelo patriarcal de ciudadanía en la necesidad de nuevas agendas para la exigibilidad de responsabilidades. Como ejercicio de cultura ciudadana para la paz simboliza la ética pública en la transparencia del comportamiento responsable del servicio público, en la construcción de identidad y en los valores pactados como condición para la democracia y la convivencia. Es por ello, que lograr el cumplimiento de funciones motivadas exclusivamente por el interés general resulta ser un desafío en las conductas de obligatorio cumplimiento. De igual manera, la gerencia diligente del patrimonio en el manejo de lo público bajo el cuidado que protege los intereses comunes a manera de comportamiento ético y conducta honesta. En ese orden de ideas, moralidad administrativa significa el derecho a actuar con transparencia, rendición de cuentas y objetividad en la ética de mínimos, responsabilidad del cuidado y garantía del disfrute de derechos en el contexto de los intereses colectivos. Sin desconocer, el comportamiento acorde a derechos en el manejo ético no solo de la actividad administrativa sino de la información pública y las acciones forjadas en la toma de decisiones. Definitivamente, el conocimiento de lo público obedece a la realidad viviente de la ética pública en el ejercicio de la cultura ciudadana para la paz. Como valor ético de la confianza, la conducta vinculante del acto propio en la legitimidad del comportamiento de buena fe ofrece el debido proceso en el alcance jurídico de actitudes acordes a la finalidad a la que sirve sin perjuicio a terceros ni daños colectivos generados en el cumplimiento de funciones.